Consejo General de Colegios de Logopedas

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COMUNICADO CONJUNTO A LA MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

23 de marzo de 2020

Adjuntamos comunicado conjunto del Consejo General de Colegios de Logopedas y de los 14 colegios autonómicos de logopedas dirigido a la Ministra de Trabajo y Economía Social Dña. Yolanda Díaz.

https://drive.google.com/file/d/1Pwyqvq_JXrlemp3TWtBggwN92bfFM7IE/view?usp=sharing

Estamos viviendo momentos muy difíciles con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el colectivo de casi 10.000 profesionales logopedas a los que representamos, la mayoría de los cuales ejercen en el ámbito privado/liberal, están en una situación de absoluta indefensión.

El pasado 14 de marzo se publicó el Real Decreto 463/2020, con la ordenación de medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 10 de dicho RD establece una suspensión de apertura al público de establecimientos, fijando determinadas excepciones entre las cuales no figuran los centros de logopedia.

El pasado 17 de marzo, el Consejo General de Colegios de Logopedas envió un comunicado al presidente del Gobierno con copia al Ministerio de Sanidad solicitando el cierre inmediato de los centros y servicios de logopedia en todo el territorio español por no poder garantizar la seguridad de los usuarios y los profesionales (ver comunicado con todos los argumentos aquí: https://drive.google.com/file/d/1UPTSkSfzXlVwyrI9HICl40pyfVstE1N9/view). Ayer 22 de marzo seis Consejos Colegiales Sanitarios (Fisioterapeutas, Podólogos, Ópticos-Optometristas, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Dietistas-Nutricionistas) emitieron un comunicado conjunto con la misma petición (ver comunicado con todos los argumentos aquí https://drive.google.com/file/d/1_KF_t6kwDpyTJIAvpI0eyrPNNNcuGnEf/view).

La gran mayoría de centros de logopedia han cerrado sus puertas, quedando sus profesionales en una situación de total indefensión al no tener acceso a las medidas económicas dictadas por no haberse decretado el cierre de sus establecimientos. En el caso de los centros que aún se mantienen abiertos, los usuarios y sus familiares no acuden a los servicios por miedo al contagio, con la repercusión económica que conlleva para los profesionales.

Por todo lo expuesto, solicitamos amparo en tanto que esta situación, unida a la Orden SND 233/2020 que indica claramente que nuestros centros podrán permanecer abiertos, provoca una indefensión manifiesta a la hora de poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, determine el Consejo de Ministros.